Gobierno impulsa programa de apoyo psicosocial y jurídico para adultos mayores víctimas de delitos

En el mes del Adulto Mayor,  la jurisdicción Occidente pone en marcha programa de acompañamiento para personas mayores de 60 años que han sufrido algún delito.

17 son las comunas que corresponden a la Fiscalía Regional Occidente (ver imagen) que contarán con un equipo multidisciplinario y red de apoyo que garantice seguridad y derechos de este grupo etario.

Las cifras van en alza lamentablemente, de enero del 2023 se han recibidos 1.120  casos, de ellos un 78% han ingresado al programa (870 casos).  Aproximadamente, un 60% de los casos corresponde a Violencia Intrafamiliar (amenazas y lesiones) perpetradas, especialmente, por hijos/as y nietos/as donde más de la mitad de los imputados presenta consumo problemático de sustancias (alcohol y/o drogas). En tanto, un 24% de los casos se relacionan a robos y estafas.

Ana Paula Vieira, psicóloga y directora de Fundación Míranos, encargada de implementar el programa comento que tras sufrir un delito “ocurre un cambio existencial en la vida de la persona que es víctima, impactando en sus hábitos, su confianza y su percepción de seguridad en el entorno próximo”.   

El Fiscal de la Zona Metropolitana Occidente, José Luis Pérez Calaf dijo; “Como próxima persona mayor quiero dar las gracias al Gobierno Regional Metropolitano que nos propuso y apoyó en esta iniciativa, es uno de los proyectos más relevantes que me ha tocado acompañar, porque permite priorizar a un sector etario que no siempre tiene la relevancia y dedicación que debería«.

La presentación de los primeros resultados se realizó en la comuna de Talagante, una de las 17 beneficiadas que cuenta con más de 100 casos ingresados al programa. Su alcalde, Carlos Álvarez Esteban, se refirió al carácter proactivo que promueve el programa en la atención de víctimas. 

“Es una tremenda iniciativa que permite reciban atenciones integrales personas mayores en aquellos casos donde han sido vulnerados sus derechos. Uno agradece que el Ministerio Público junto con el Gobierno Regional disponga de nuevos canales de atención para que las personas mayores recompongan esas confianzas que se quiebran cuando uno es víctima de un delito»

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